a empoderar económicamente a las mu-
jeres de las zonas rurales, facilitándoles
el acceso a la capacitación, los recursos
de producción y el capital, así como a los
servicios de salud y la seguridad social”
Si bien estas iniciativas dieron impulso
a las políticas de género, los movimien-
tos feministas y las organizaciones de
mujeres insistían, e insisten, en que hay
desigualdad entre varones y mujeres
para acceder a recursos económicos y
bienes de capital, con menores posibili-
dades para las mujeres. Esas demandas,
lentamente construidas a nivel colectivo,
fueron permeando en distintos espacios,
de participación de la sociedad civil y las
instituciones. En este contexto, en 2013, se
planteó la demanda en el grupo de tra-
bajo de género de la Reunión Especiali-
zada en Agricultura Familiar del Mercosur
(REAF). Es entonces que, las autoridades y
el equipo técnico INC junto a las organi-
zaciones de mujeres rurales elaboran la
propuesta de realizar las adjudicaciones
en cotitularidad.
De esta forma, el diálogo entre Estado
y organizaciones de mujeres rurales y las
recomendaciones en base a compromisos
internacionales confluyeron en la valora-
ción sobre la necesidad de adecuar los
procedimientos a fin de que más mujeres
accedieran a la titularidad de la tierra. El
INC para dar respuesta a esta demanda,
a fines del 2014 mediante resolución del
Directorio, decidió la implementación de
la cotitularidad conyugal y/o concubina-
ria para el acceso a la tierra.
En diciembre del 2018, a través del Mi-
nisterio de Ganadería, Agricultura y Pes-
ca (MGAP), se presentó en el Parlamento
Nacional un proyecto para que la cotitu-
laridad quedara reglamentada por ley. El
proyecto presentado fue discutido y mo-
Foto: INC
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